Comunicación institucional de FAIMA a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y a la opinión pública
Desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) nos dirigimos a las autoridades
nacionales, provinciales y municipales, así como a la opinión pública, para poner en conocimiento la difícil
situación que atraviesan las distintas ramas de la industria de transformación mecánica de la madera.
Se trata de una actividad productiva industrial localizada en amplias regiones del país (particularmente
en el Centro, Patagonia, Noreste y el Noroeste argentino), donde el aserrado, la producción de tableros
y la industria del mueble constituyen el principal sostén del empleo y del entramado económico local. Su
deterioro no afecta únicamente a un sector: compromete la viabilidad económica de comunidades
enteras del interior productivo.
La primera transformación: demanda en retroceso y costos en dólares
En el eslabón de la primera transformación se combinan dos fenómenos de signo opuesto y efecto
convergente. Por el lado de los ingresos, la demanda interna se ha contraído de manera pronunciada,
impulsada principalmente por la desaparición de la obra pública y por la caída de la construcción privada,
consecuencia directa de los elevados costos de construir medidos en dólares.
Por el lado de los costos, el ancla cambiaria ha tornado adversa la estructura de costos salariales frente a
la competencia extranjera. La industria argentina abona actualmente salarios que, para posiciones
equivalentes del sector industrial, se ubican en torno a los 1.000 a 1.400 dólares mensuales. La
comparación regional resulta desfavorable: en Brasil, esas mismas posiciones se remuneran en valores
cercanos a los 600 dólares, y en China, entre 500 y 600 dólares mensuales. El diferencial de costo laboral
en moneda dura erosiona de raíz la capacidad de competir, tanto en el mercado externo como frente a
las importaciones en el mercado interno.
Este diferencial se agrava con la evolución de dos costos críticos. Por un lado, el energético: durante los
últimos dos años y medio, en el actual contexto cambiario, el incremento de las tarifas ha operado
directamente en dólares, encareciendo un insumo esencial para la actividad industrial. La magnitud del
salto es elocuente: según informes privados, la tarifa energética acumuló en el ultimo semestre un
aumento cercano al 300%, muy por encima del 17% de inflación registrado en el mismo lapso. Por otro
lado, el combustible, cuyo peso atraviesa transversalmente toda la matriz de costos del sector. Su
incidencia es doble: en el plano productivo, encarece el abastecimiento de materia prima —que en
nuestra cadena se moviliza mayoritariamente por transporte carretero, desde el monte y el aserradero
hasta la planta— y, en el plano logístico, eleva el costo de la distribución en el mercado interno y de la
colocación de productos en el comercio exterior. Dada la alta incidencia del flete sobre bienes de volumen
considerable, el encarecimiento del combustible golpea de manera particularmente aguda a una
1industria dispersa territorialmente, cuyos centros productivos se ubican lejos de los grandes mercados
de consumo.
En materia de empleo, el sector genera alrededor de 60.000 puestos de trabajo directos, a los que se
suma una cantidad similar de empleos indirectos. Sin embargo, según datos de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT), la combinación de ingresos en retroceso y costos en constante aumento ha
deteriorado fuertemente la situación de numerosas empresas, llevando a muchas de ellas al límite de su
sostenibilidad económica y financiera, e incluso al borde del cierre o del concurso preventivo. En este
contexto, durante los últimos 12 meses, el sector registra una caída superior al 10% en el empleo directo
e indirecto, reflejo de la profunda contracción que atraviesa la actividad.
Los bienes finales: caída del consumo y competencia importada
Al avanzar en la cadena de valor, el segmento de bienes finales (muebles y carpintería) suma a las
dificultades ya descritas la marcada caída de la demanda, producto de la contracción de los ingresos
reales del sector privado.
A ello se agrega una amenaza estructural: la creciente presencia de bienes importados que ingresan al
mercado en posición arancelaria ventajosa. Se configura así una asimetría que penaliza la producción
nacional: los bienes finales importados acceden al mercado con un arancel menor que el que soportan
los insumos que la industria local necesita para fabricar esos mismos bienes de alto valor agregado y
elevada generación de empleo.
El caso de la construcción con madera es particularmente ilustrativo. Al encarecimiento del costo en
dólares se suma la irrupción de alternativas habitacionales de menor calidad y precio provenientes del
exterior (principalmente de China), cuyo valor, producto del ancla cambiaria, resulta tan bajo que vuelve
imposible la competencia. El resultado es la destrucción de empresas y de empleo local, y la sustitución
de producción nacional de calidad por soluciones habitacionales de calidad inferior.
El costo financiero: una restricción adicional
A todo lo anterior se suman las elevadas tasas de interés vigentes en el sistema financiero. Su efecto es
doble: por un lado, desalientan la demanda interna de bienes durables; por otro, comprometen la
viabilidad financiera de las empresas que necesitan financiar capital de trabajo para sostenerse durante
la crisis. A modo de ejemplo, según datos del Banco Central, las tasas de las tarjetas de crédito y de los
préstamos personales se ubican en torno al 110% anual, frente a una inflación anualizada cercana al
33,5%. Esto arroja tasas de interés reales extraordinariamente elevadas, que desincentivan cualquier
forma de financiamiento al consumo —el principal motor de nuestra cadena de bienes finales—. La
restricción de acceso al crédito en condiciones razonables limita, precisamente, la herramienta que
permitiría a muchas firmas capear el ciclo adverso. Esta situación no es nueva: durante los últimos meses
de 2025 y comienzos de 2026, numerosas PyMEs del sector debieron financiar su capital de trabajo a
2tasas que rondaban el 70% anual, en un contexto de inflación en torno al 35% para ese mismo período.
El costo real del financiamiento que vienen soportando estas empresas, sostenido en el tiempo, erosiona
su capacidad de subsistencia.
Nuestro pedido
Por todo lo expuesto, solicitamos a las autoridades que prioricen la recomposición del tejido industrial y
un proceso de reutilización de la capacidad instalada, hoy ociosa, que devuelva la pujanza económica a
las regiones del país donde la foresto-industria se encuentra emplazada.
La industria de transformación mecánica de la madera es un sector mayoritariamente conformado por
pequeñas y medianas empresas, de estructura federal y fuerte arraigo territorial. Debemos señalar, con
la franqueza que el momento exige, que estas empresas no encuentran hoy cabida en el diseño de las
políticas vigentes. Los esquemas implementados suponen una capacidad de resistencia (financiera, de
escala, de acceso al crédito) que la PyME no posee, y las consecuencias ya están a la vista: mientras para
una gran empresa el escenario actual representa una tensión, para las pequeñas y medianas se traduce,
hoy, en suspensiones, caída de la producción y cierres que se multiplican mes a mes. El ajuste no se está
distribuyendo de manera neutral: recae, en este mismo momento, con particular dureza sobre el eslabón
más frágil y, a la vez, más federal y generador de empleo de la cadena.
A esta altura, el margen de espera se está agotando. La capacidad de las empresas para sostenerse
aguardando un cambio de contexto (que durante un tiempo permitió absorber la crisis) hoy está
prácticamente exhausta: cada mes que transcurre sin una respuesta se traduce en capacidad productiva
que se pierde y en empleo que no se recupera. Por eso resulta imprescindible que las autoridades
acompañen a este entramado productivo con medidas concretas que le permitan atravesar esta etapa.
No se trata de un pedido de privilegios, sino de la preservación de una base industrial que, una vez
desmantelada, es muy difícil y costosa de reconstruir.
Preservar esta capacidad productiva no es únicamente una cuestión sectorial: es una decisión estratégica
sobre el desarrollo de las economías regionales, el empleo del interior y el agregado de valor a un recurso
genuinamente argentino. Desde FAIMA reclamamos que estas particularidades sean contempladas en el
diseño de las políticas públicas, y reafirmamos nuestra plena disposición al diálogo y al trabajo conjunto
con el sector público para revertir esta situación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Agosto de 2026